jueves, 23 de julio de 2009

Signos que Preocupan


Lic. Germán Martinez

Dpto. Análisis de Coyuntura - Funif Rosario

La reciente semana estuvo signada por la apertura al diálogo que promueve la Presidenta de la Nación y que se materializan en diversas mesas donde se discuten aspectos centrales de las políticas públicas. Desde el Ministerio del Interior, se avanza en el diálogo sobre la reforma política. Desde Economía, Trabajo y Planificación, avanzarán en aspectos sociales y económicos. Desde el Congreso, se produjo una reunión de coordinación de labor parlamentaria para el segundo semestre. Y la mismísima Presidenta ha iniciado el diálogo con los gobernadores de provincias.
Las idas y venidas se provocaron por el contenido de la agenda, la flexibilidad a incorporar temas y la predisposición a que los temas conversados se traduzcan en decisiones políticas concretas. Un sector de la oposición mostró predisposición al diálogo (UCR, GEN, Socialismo, PRO, fuerzas de centro izquierda) y parte de ella prefirió consensuar en el Congreso pero evitar una foto con el Ejecutivo (Coalición Cívica). Las operaciones de prensa fueron pasando del “estamos analizando si concurrimos al diálogo” al “vamos a ver en qué condiciones”. Hoy la frase del momento es “esperemos que cumplan”.
En síntesis: el gobierno nacional tomó nota del resultado electoral y abrió el juego. Sus espadas parlamentarias iniciaron un proceso de búsqueda de consensos con los bloque de oposición para que las leyes que vienen (especialmente luego del 10 de diciembre) se consigan “con” el oficialismo y no “contra” él. La oposición respondió al llamado. Pero encaminado el diálogo – a pesar de las idas y venidas – fueron surgiendo algunas señales del espectro político opositor que merecen analizarse. Tomemos algunas situaciones generadas en los últimos días.
1) Los principales referentes de espacios políticos opositores concurrieron el pasado jueves 16 de julio a una reunión convocada por la Mesa de Enlace realizada en un hotel céntrico porteño. Reutemann, Solá, De Narváez y Stolbizer encabezaron la comitiva que fue a jugar “de visitante” a una reunión convocada por las patronales agropecuarias donde se discutió lo que ellos quisieron: facultades de la ONCCA, retenciones, emergencia agropecuaria, subsidios, etc. Los políticos opositores se comprometieron a impulsar la “agenda del campo”.
2) El domingo 19 de julio, el titular de la Asociación de Magistrados inició la avanzada contra la actual composición del Consejo de la Magistratura. La Coalición Cívica y el PRO, lejos de pedir una composición más proporcional dentro del cupo que tienen “los políticos” dentro del Consejo, salieron a pedir una readecuación del esquema de representación que termina potenciando el control de los jueces por parte de las asociaciones corporativas de abogados y magistrados a las que pertenecen. O sea: la Justicia administrada y controlada por sus propios dueños.
3) El 24 de agosto vence la renovación de una serie de facultades que a lo largo de décadas fue delegando el Congreso en el Poder Ejecutivo. Entre las más de 1.900 leyes que contienen algún tipo de delegación está el Código Aduanero, donde están contenidas las atribuciones del Ejecutivo para fijar alícuotas de derechos de exportación e importación. La oposición pretende acompañar la continuidad de la delegación de facultades sacando del paquete al Código Aduanero. O sea: por un reclamo de las entidades del campo, que piden que sea el Congreso quién fije las alícuotas de retenciones agropecuarias, los parlamentarios de la oposición están a punto de condicionar a este Ejecutivo (y a los que vendrán) quitándole las facultades para regular los derechos de importación y exportación de miles de productos, potestad fundamental en tiempos de crisis de las finanzas mundiales con consecuencias directas en el flujo de bienes comerciales.
4) El domingo último fue publicado por los principales medios gráficos del país un documento de la Asociación Empresaria Argentina que reúne a las empresas más importantes de la Argentina: Techint, Clarín, Arcor, Grobocopatel, Bagó, Pérez Companc, entre otros. El contenido y la redacción se asemejaron más a las proclamas corporativas de 1975 contra Isabel Perón o las de 1989 contra Raúl Alfonsín. Sin embargo, lejos de ser criticados por el arco político, los 12 puntos fueron alabados por dirigentes tradicionalmente moderados como Hermes Binner. El empresariado concentrado puso sus intereses sobre la mesa: nadie salió a retrucar nada.
5) La pasada semana, Monseñor Casaretto – titular de la Pastoral Social - dudó de los datos de pobreza e indigencia difundidos por el INDEC. Dijo que para él la pobreza estaba cerca del 40%. Sus afirmaciones se realizaron con el soporte técnico de la Encuesta para el Desarrollo Social Argentino de la Universidad Católica, que releva 2.250 casos en 10 aglomerados urbanos. Mientras tanto, el INDEC construye sus datos sobre la Encuesta Permanente de Hogares, que releva 96.000 viviendas de 31 aglomerados urbanos. La representatividad de la muestra es bastante evidente. Sin embargo, el titular de la UCR Gerardo Morales dijo que no había diálogo si no se hablaba de pobreza. Por derecha e izquierda los reclamos fueron similares. La Pastoral Social recibió incluso a la Mesa de Enlace. Casaretto marcó la agenda, la oposición siguió sus huellas.
¿Qué señal de alerta encienden estos cinco hechos? Que al oficialismo y a la oposición les cuesta encontrar una posición coherente luego del resultado electoral del 28 de junio. En un escenario de ganadores y perdedores por escaso margen, con el poder político más distribuido y fragmentado, el oficialismo y las diversas expresiones opositoras están reacomodando agendas y posicionamientos. Mientras tanto, lo que algunos llaman “el poder real”, o sea, las corporaciones sociales, políticas y económicas que trascienden los gobiernos de turno, decidieron marcarle la agenda a “los políticos”.
Ante la mayor debilidad relativa del oficialismo y ante la escasa autonomía de pensamiento del arco opositor, el empresariado concentrado, la Iglesia y la corporación judicial decidieron aumentar su visibilidad. Lo que antes decían por lo bajo, ahora lo expresan en las tapas de los diarios amigos. Sienten que es el momento de volverle a poner límites a la autonomía de la política y de los políticos para fijar la agenda económica, social y política.
Dejar que las corporaciones manejen la agenda y los tiempos políticos no es bueno para nadie que tenga expectativas de llegar la Presidencia de la Nación en el 2011. Esto lo debe entender el gobierno pensando en sus potenciales candidatos y todo el arco opositor, especialmente la UCR y el PRO Peronismo. Si hoy los grupos de poder marcan la agenda ¿qué será cuándo asume el próximo gobierno? Cobos, Macri y Reutemann deberían prestarle atención a esta situación. A no ser que tengan decidido gobernar para ellos.
¿Significa esto que no hay que escuchar a las corporaciones? En absoluto, pero una cosa es dialogar, escuchar, y otra muy distinta es hacer exactamente lo que ellos pretenden. Muchos piensan que no se puede gobernar la Argentina sin acuerdo con los grupos de poder. No hacer lo que ellos quieren suele ser arriesgado y desgastante. Esta tensión entre “la política” (como búsqueda del bien común) y los grupos de poder (que pretenden que sus intereses particulares sean asumidos por el conjunto) es permanente y siempre inestable. No existe una total autonomía, aunque sí es posible una total sumisión.
La historia argentina en este Bicentenario es una sucesión permanente de ejemplos al respecto. De hecho, salvo rarísimas excepciones, gobiernos civiles y militares de todo el siglo pasado no hicieron más que seguir las “sugerencias” corporativas, evitando enfrentamientos y poniendo a resguardo sus intereses. Pensar una Argentina distinta a la que los grupos de poder quieren supone, además, una profunda vocación de transformación para no dejarse vencer ante las primeras presiones. Sería bueno que todos –oficialismo y oposición– analicen este pasado de condicionamientos y tengan la audacia necesaria para que la política no quede reducida al mandato del “poder permanente” de las corporaciones.

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